A decidir sobre jueces, toros y medios de comunicación

7 May

En Ecuador más de once millones de ciudadanos deberán acudir a las urnas este sábado 7 de mayo para votar en una consulta popular impulsada por el Gobierno del presidente Rafael Correa

Un folleto con preguntas que deberán responder los ecuatorianos

Diez preguntas, dos opciones, varios bandos. Los que hacen campaña por el “Sí” argumentan que es un paso más en el cambio revolucionario del país. Los que respaldan el “No” señalan que el voto es en contra del cambio llevado a cabo por una revolución que consideran autoritaria.

El árbitro entre los que proponen y los que se oponen serán más de 11 millones de ecuatorianos que votarán este 7 de mayo en la consulta popular planteada por el presidente Rafael Correa.

Ellos opinarán con su voto en temas tan disímiles como la caducidad de la prisión preventiva, el nombramiento de los jueces, la propiedad de bancos y de medios, la regulación de los contenidos mediáticos, el seguro social, la prohibición de los juegos de azar y la matanza de animales en espectáculos públicos.

Cinco preguntas se enmarcan en un referendo porque plantean enmiendas a la Carta Magna aprobada hace tres años en Asamblea Constituyente y son acompañadas por anexos. Las otras cinco se consideran parte de una consulta popular ya que apuntan a cuestiones de “interés público”.

Pero más allá de los nombres, la iniciativa presidencial ha generado un fuerte debate político, deserciones dentro del mismo oficialismo y una campaña plagada de acusaciones: para unos -los del “Sí”- porque se están tocando intereses poderosos, para otros -los del “No”- porque se está concentrando el poder.

“Tienda de mercaderes”

“En esta consulta estamos planteando como tema central el eje de la justicia y el eje de la inseguridad. La Constitución vigente tiene 444 artículos y las reformas que proponemos atañen a un pequeño porcentaje, a siete artículos”, según expresa Doris Solís, ministra Coordinadora de la Política.

Pero en esos siete artículos está la extensión en el plazo de la caducidad de la prisión preventiva, la sanción a los jueces que permitan dichas caducidades y el nombramiento de dichos jueces.

De ganar el “Sí”, los magistrados serían designados en los próximos 18 meses por un Consejo de la Judicatura integrado por un delegado del Ejecutivo, otro del Legislativo y uno del Consejo de Participación Ciudadana (los delegados del presidente y del Congreso permanecerán luego en el Consejo definitivo que constará de cinco miembros).

“La Constitución estableció la caducidad de la prisión preventiva que es un principio correcto, pero que ha ocurrido en la realidad: como tenemos una función judicial corrupta y caduca se han liberado a más de 5.000 personas -no juzgadas- pero muchos detenidos en delitos flagrantes”, añadió Solís.

“El Ecuador no construyó un pueblo para la Constitución sino una Constitución para el pueblo y si se requieren hacer cambios inmediatos para corregir errores que se han cometido hay que hacerlo”, dijo por su parte el ministro de Justicia, José Serrano.

“En estos últimos dos años hay jueces que se han aprovechado de los principios constitucionales para hacer sus tiendas de mercaderes donde se compra y se vende la Justicia”, agregó.

“300 años”

“Uno de los mensajes del presidente Correa fue construir instituciones legítimas; con este proceso apenas en marcha, se convoca a una consulta que nos devuelve a los errores del pasado de intervención política en la institución judicial”, señaló la asambleísta María Paula Romo.

Romo, quien lidera un movimiento que se separó del gobierno tras el llamado a la consulta, cree que más allá del discurso de la seguridad y la justicia, lo que está realmente en juego en la consulta es quién controla a los jueces.

Otro que abandonó a Correa -pero en plena redacción de la nueva Carta Magna- es el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, quien recuerda que el mismo mandatario “hace dos años y medio decía que esta Constitución debía durar 300 años”.

“Pero luego llama a la consulta después del 30 de septiembre de 2010 (levantamiento policial para la oposición, intento de golpe de Estado para el oficialismo) porque se dio cuenta que no tenía asegurada sus espaldas, que no había jueces en los que podía confiar”.

“Es claro el intento del gobierno del presidente Correa de concentrar el poder. Yo creo que él va cerrando los espacios de debate y cuando no existen estos espacios no fluye la democracia y se acaba todo el proceso revolucionario”, indicó Acosta.

Muchos “No”

Tanto para Romo como para Acosta el gobierno está tomando las tesis y comportamientos de la derecha en materia de seguridad y justicia, pero ese mismo gobierno los acusa de juntarse con la derecha en ese amplio espectro ideológico que pregona el “No”.

“Yo no puedo imaginar a mis compañeros progresistas cogidos de la mano con algunos que siempre han procurado que el país se estanque, que el país siga siendo casi una hacienda de un grupo político y de un grupo económico”, señaló Mundo Humberto Cordero, presidente de la Asamblea Nacional.

Estos “compañeros progresistas” también son criticados por aquellos que, dentro del “No”, marcan claramente que ellos jamás han acompañado el proyecto de Correa, como dijo el ex presidente Lucio Gutiérrez:

“Somos la primera organización política (Sociedad Patriótica) que hace más de cuatro años hemos estado en contra de este modelo porque es de corte totalitario, estatista, trata de imponer sus ideas a la fuerza, abusa del poder y trata de captar todos los poderes del Estado”.

Pero la asambleísta Romo también responde a estas críticas: “Nosotros hemos sido claros en decir que aquí Sociedad Patriótica tiene una responsabilidad, hizo lo mismo (cuando fue gobierno), no tiene calidad moral para darnos clase de separación de poderes”.

“Eso nos sitúa en una coincidencia puntual en este momento pero en absoluto en coincidencias políticas que superen a esta coyuntura”, agregó la doctora Romo.

Las otras preguntas

Los interrogantes sobre justicia y seguridad no han sido los únicos que han enfrentado al gobierno con sus opositores.

La pregunta sobre el enriquecimiento privado no justificado, que el gobierno defiende para combatir a narcotraficantes, coyoteros y prestamistas, es considerada por los defensores del “No” como una posible herramienta de persecución a los grupos enfrentados con el Ejecutivo.

El planteamiento de una ley de comunicación que conforme un Consejo de Regulación de contenidos televisivos, radiales y –por primera vez- de la prensa escrita, también es observado con temor en las mesas de redacción de los principales diarios del país, críticos tradicionales del presidente.

El mismo Rafael Correa dijo en su último acto previo a la consulta que los principales opositores en la campaña habían sido los medios privados de comunicación, “ya que los opositores políticos, ni juntitos de la mano sumaban uno”.

Los juegos de azar, la propiedad de medios y bancos, el seguro social universal y hasta la muerte de los toros en la arena también han generado idas y venidas, o -tomando el ejemplo taurino- embestidas y estocadas, que seguirán cruzándose en la arena política ecuatoriana mucho después del 7 de mayo.

Fuente: Externa

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